Existe una creciente creencia entre quienes incumplen sus obligaciones posteriores a la rescisión del contrato: si trasladan la conversación del correo electrónico corporativo a WhatsApp o Signal, se habrán alejado del alcance de la empresa. Sin registro del servidor, no hay pruebas. Sin pruebas, no hay caso.
Es un error de cálculo fundamental.
En el segunda entrega del Pactos rotos serie publicada en Lexología, miembro del equipo iDS Timoteo LaTulippe Examina las técnicas forenses que se utilizan para descifrar la privacidad de los mensajes y por qué las aplicaciones cifradas ofrecen mucha menos protección de la que suponen sus usuarios.
El sendero sin papel
Demostrar el incumplimiento de un pacto de no competencia o de no captación de clientes exige más que simples coincidencias o rumores. Requiere lo que el artículo denomina “el rastro digital”. Si bien las aplicaciones de mensajería cifrada protegen los datos en tránsito, los datos almacenados en un dispositivo físico cuentan una historia diferente. Las técnicas de extracción sofisticadas pueden recuperar fragmentos de mensajes eliminados de teléfonos móviles y sacar a la luz registros de sincronización en la nube que el usuario probablemente había olvidado por completo.
Las plataformas más utilizadas son aquellas que la gente ya usa a diario: WhatsApp en el Reino Unido y Europa Occidental, WeChat en China, LINE en Asia Oriental y Signal o Viber en otros lugares. Su comodidad es precisamente la razón por la que se convierten en el vehículo para actividades ilícitas. Y a pesar de su reputación de proteger la privacidad desde el diseño, la mayoría son vulnerables a la explotación por parte de expertos forenses que saben dónde se almacenan los registros de las conversaciones.
LaTulippe describe casos en los que exempleados negaron rotundamente haber contactado a colegas, pero un análisis forense de imágenes reveló una lista de contactos oculta o una carpeta secreta con capturas de pantalla creadas en un dispositivo personal en los días previos a la renuncia. En otros casos, el análisis de sentimientos y el examen de metadatos revelaron un patrón calculado: un gerente que, al momento de su partida, compartía datos internos sobre salarios y evaluaciones de desempeño con un competidor en tiempo real, mientras aún estaba en la nómina.
El problema del derecho de acceso
Recuperar los datos es solo la mitad del desafío. El problema más complejo para los equipos legales radica en el derecho a acceder a ellos. Si bien el uso de dispositivos personales con fines comerciales es habitual, las políticas de uso aceptable a menudo no contemplan la realidad de los entornos donde se permite el uso de dispositivos personales. Sin una redacción clara en los contratos laborales, la creación de imágenes de un dispositivo personal rara vez es sencilla.
Como señala el artículo, una política sólida —establecida mucho antes de que surja cualquier disputa— crea la expectativa legal de que se pueda acceder a los dispositivos o evaluarlos en el contexto de una investigación. Es, como indica LaTulippe, un aspecto crucial que los equipos legales deben abordar antes de que se produzca una crisis.
¿Qué sigue en la serie?
La próxima entrega abordará otra forma de amenaza interna: individuos que crean negocios paralelos que compiten entre sí —a veces utilizando los sistemas y el horario laboral de la empresa— y las huellas que dejan al intentar llevarse consigo a clientes y compañeros.
En iDS, este trabajo se encuentra en el centro de lo que hacemos. Nuestro Forense digital, Investigaciones, y descubrimiento electrónico y divulgación Estas prácticas ayudan a los equipos legales a construir el tipo de narrativa respaldada por evidencia que sustenta las medidas cautelares y los litigios, transformando artefactos digitales fragmentados en un relato coherente y defendible de lo que realmente sucedió.
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